Mexico, el país más corrupto de la OCDE

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, presentado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, muestra que México cayó del puesto 124 al 126 de entre 180 países evaluados. Esta posición refleja un deterioro en la lucha contra la corrupción, manteniendo por tercer año consecutivo una calificación de 31 puntos sobre 100, donde 0 representa los niveles más altos de corrupción.

A nivel global, México comparte esta puntuación con países como Bolivia, Laos y Uzbekistán. En el ámbito regional, queda rezagado respecto a naciones como Uruguay (74), Chile (67) y Costa Rica (54), que lideran en América Latina. Incluso está por debajo de Cuba (45), Colombia (39) y otros países como Brasil y Argentina (38).

Dentro de los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa la última posición. En el G20, que agrupa a las principales economías mundiales, comparte los últimos lugares con Rusia. Estas cifras destacan la brecha que separa a México de las naciones mejor calificadas, como Dinamarca, que encabeza el ranking con 90 puntos, seguida de Finlandia y Nueva Zelanda, con 87 cada una.

Según Transparencia Internacional, el retroceso de México responde en parte a la falta de avances en casos emblemáticos de corrupción. Ejemplos como los sobornos de Odebrecht, el desfalco en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la "Estafa Maestra" del sexenio 2012-2018 reflejan la incapacidad de la Fiscalía General de la República para llevar a los responsables ante la justicia.

El organismo también advierte que las instituciones encargadas de combatir la corrupción podrían estar actuando con un sesgo político-electoral, lo que mina la confianza en la imparcialidad del sistema judicial.

La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos para México. Aunque hubo avances en 2019 y 2020, el retroceso en el IPC 2022 evidencia que las acciones implementadas no han sido suficientes. Fortalecer las instituciones judiciales, garantizar la independencia de la justicia y priorizar la transparencia serán esenciales para revertir esta tendencia y recuperar la confianza ciudadana.